Operadores locales a pequeña escala en LA: importantes pero olvidados

En Latinoamérica no son muy frecuentes los estudios que permiten visualizar un panorama general sobre los servicio de agua y saneamiento para comunidades pequeñas. Por eso queremos aprovechar un espacio del boletín para examinar una investigación desarrollada bajo el auspicio del Programa de Agua y Saneamiento del Banco Mundial, en el 2007, que arrojó resultados reveladores sobre el estado de los Operadores Locales a Pequeña Escala (OLPEs), en Colombia, Chile, Ecuador y Bolivia. Este trabajo hace parte de un estudio más amplio que incluye Perú y otros cuatro países de Centro América: El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.

El documento se basó en la revisión de literatura y la consulta de expertos e instituciones. Igualmente incluyó dos estudios de casos por cada país.

Realidad del sector

Un promedio del 20% de la población de los cuatro países, recibe servicios de agua y saneamiento de OLPEs, es decir más de 16 millones de personas.

La gran mayoría de estas empresas opera en situaciones difíciles y deben enfrentar importantes obstáculos para prestar sus servicios. No cuentan con acceso a información ni capacitación, ni reciben apoyo técnico o financiero, a pesar de que los sistemas requieren permanentemente nuevas inversiones para su mejoramiento.

El papel de los OLPEs es clave para proveer de agua a la población y en particular a los más pobres, ubicados generalmente en pequeños municipios y comunidades rurales. Sin embargo, este papel no es reconocido formalmente y un número importante, sobretodo de los operadores más pequeños, no están registrados ante las entidades de control del sector.

Existen tres tipos de OLPEs: una cantidad limitada de empresas privadas con ánimo de lucro, un número mayor de empresas municipales independientes de carácter público y un importante número de empresas comunitarias. El desempeño de los diferentes OLPEs muestra grandes diferencias en términos de coberturas, eficiencia de los sistemas y costos, pero al parecer estas diferencias no dependen del tipo de OLPE, sino sobre todo de las condiciones del contexto y el tipo de apoyo recibido.

Todos los países están avanzando en mayor o menor grado en el desarrollo del sector, en términos de los marcos legales e instrumentos regulatorios y financieros. Chile y Colombia han tenido grandes avances en la creación y organización de un marco legal avanzado, en Bolivia el nuevo gobierno está en proceso de ajustar la legislación vigente, pero Ecuador no ha tenido grandes progresos. A pesar de los avances, las leyes, políticas y estrategias existentes no toman en cuenta de manera suficiente las condiciones específicas de los pequeños operadores, se orientan más a operadores grandes y medianos.

En ese sentido hay dos temas importantes que la legislación no está teniendo en cuenta. Uno es la consolidación empresarial de las OLPEs, de lo cual no reciben capacitaciones y es un aspecto fundamental para el sostenimiento de la empresa. Otro es la situación de la población más vulnerable en cuanto a acceso y tarifas.

En el primer caso, aunque los directivos y los operadores de dichas empresas hacen esfuerzos importantes y logran prestar los servicios de agua y saneamiento, la gran mayoría no lo hacen bajo un esquema empresarial orientado a mejorar la eficiencia y la calidad. Además, un número importante de operadores pequeños no están registrados ante las entidades de control del sector, es decir prestan el servicio al margen de la “legalidad”, ya sea porque no pueden cumplir con todos los requisitos o porque no hay incentivos, ni controles suficientes para registrarse.

En el segundo caso, los grupos poblacionales que están por debajo de la línea de miseria y parte de los que se encuentran por debajo de la línea de pobreza pagan tarifas que representan más del 3% de sus ingresos, lo cual afecta su capacidad de pago; sólo en Colombia y Chile los pobres pueden solicitar algún tipo de subsidio directo. Esto implica que las familias más pobres pagan más de lo que los parámetros internacionales aconsejan.

¿Qué se puede hacer?

Los datos arrojados por el estudio permiten hacer recomendaciones claves para mejorar la situación de los OLPEs.

Implementar esquemas de apoyo como subsidios para que los grupos vulnerables tengan acceso al agua como en Chile y Colombia; flexibilizar las políticas tarifarias para que se adecuen más a las condiciones de las pequeñas localidades; condicionar más el apoyo del gobierno y reorientarlo hacia las organizaciones que implementen estrategias enfocadas en la gente pobre, para que puedan pagar menores costos de conexión y tarifas más favorables; contemplar subsidios directos y/o por medio de contratos específicos con las empresas, para mejorar la cobertura de los grupos vulnerables y brindar apoyo a los más pobres en el pago de la tarifa.

Es esencial institucionalizar el apoyo del estado, a través de organizaciones del sector público y/o privado que brinden capacitación y asesoría efectiva para facilitar la gestión, operación, mantenimiento y mejoramiento de los sistemas. Por ejemplo, un esquema a nivel departamental, provincial o regional, a través de asociaciones de OLPEs con apoyo de universidades y del sector privado. Esta institucionalización de apoyo a los OLPEs es una forma de aprovechar economías de escala y además permite fomentar y fortalecer redes de trabajo (asociaciones) para intercambiar experiencias y estimular procesos de aprendizaje.

Finalmente, teniendo en cuenta que el agua es un bien común, el concepto de veeduría ciudadana facilita la posibilidad de controlar las inversiones y los OLPEs. Para esto debe ser obligación que la información contable de las empresas y proyectos sea de carácter público.

Contact: Johnny Rojas, Coord. Grupo Desarrollo Institucional y Gestión Comunitaria, Instituto Cinara (jorobas@univalle.edu.co)
Mario Alejandro Pérez R. Profesor Univalle (aleperez@univalle.edu.co)

Fuente IRC: Agua y Saneamiento - Boletín bimestral No. 23, abril 2008