lunes 1 de junio de 2009

Feria Internacional del Agua: Falta de agua afecta todavía a la zona Sur de Cochabamba


Falta de agua afecta todavía a la zona Sur de Cochabamba:

Miles de familias dependen de sistemas de autoayuda y trabajo comunitario para conseguir el elemento líquido potable.

Cochabamba - Bolivia.- La zona Sur de la ciudad de Cochabamba, conformada por seis distritos, reúne a unos 250 mil habitantes, los más pobres y los más afectados por la ineficacia del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Semapa).

En referencia al tema, el presidente de la Asociación de Sistemas Comunitarios de Agua Del Sur (Asicasur), Abraham Grandidier, recordó que en el sector funcionan unos 120 comités de agua, a los que debe sumarse unos 150 del área periurbana y una cantidad aún mayor en las regiones rurales que regulan el uso del líquido según usos y costumbres de las comunidades.

Sólo en la zona urbana entre el 70 y el 80% de la población no es atendida por la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, en tanto los comités abastecen casi al 30% y el resto reciben agua de camiones cisterna.

“Son cientos de miles de personas organizadas sólo para el agua, pero existe una multitud de organizaciones territoriales”, manifestó el titular de Asicasur.

Todos los sistemas de agua que existen en el Sur de la capita valluna se construyeron bajo el sistema de autoayuda y trabajo comunitario, donde los primeros aportaron sus tradiciones andinas de trabajo solidario y por turnos, conocido como el “ayni” y los segundos, su vasta experiencia organizativa en los sindicatos de las minas.

Los sistemas de agua tienen un promedio de 200 familias asociadas, pero algunos apenas reúnen a 30 ó 40 usuarios. La mayor parte no tienen personería jurídica y los vecinos que decidieron no organizarse, compran a los camiones cisterna que recorren todo el día la ciudad cobrando precios abusivos (de usura) por agua de dudosa calidad, señalaron los organizadores de la segunda Feria Internacional del Agua.

Stefano Archidiacono, miembro del Centro de Voluntariado Internacional (Cevi), que coopera a Asicasur, dijo que la problemática del agua particularmente en Cochabamba y la zona Sur es realmente álgida. “Problemas que como se ve no serán solucionados a corto ni mediano plazo”, añadió.

La principal pregunta que se propuso responder Asicasur es “¿Después de la guerra del agua, qué?”. Una respuesta fue encontrada con la llamada co-gestión como “un modelo nuevo de gestión comunitaria pública”.

Se trata de buscar un nuevo modelo de gestión que vaya más allá de la gran empresa estatal, que resulta difícil de gestionar y controlar, y que se apoye en la cultura comunitaria y su larga experiencia en el manejo de los bienes comunes.

Sin embargo, el coordinador de Asicasur, Carlos Oropeza, aseveró que dada la situación de Semapa y la continua preparación que tuvieron los dirigentes de los diferentes sistemas de aguas se descartó totalmente la posibilidad de que en el futuro los mismos pasen a ser parte de Semapa o por lo menos que formen parte de ella.

Por otro lado, los comités de agua tienen claro que no deben desaparecer cuando todo el sistema esté terminado, si es que algún día eso sucede.

Oropeza manifestó que “cuando todos tengamos agua por cañería y saneamiento, los comités de agua no deben desaparecer, sino que deben continuar para actuar como mecanismos de control”. Además, dijo que se cree que “los tanques de agua en cada barrio deben mantenerse en pie, porque no sería bueno que una megaempresa como Semapa administre y gestione todo”.

Si las comunidades dejaran de lado sus tanques de almacenamiento, sus redes y pozos de agua, estarían desarmando lo que fueron capaces de construir en dos décadas, más aún estarían pasando de un servicio descentralizado y disperso y por lo tanto fiscalizado por las bases, a un sistema centralizado y concentrado, administrado por una burocracia y por técnicos que son los que tendrán el poder real sobre un bien común indispensable para la vida.

“Nosotros queremos comprarle el agua a Semapa, pero luego administrarlo a través de los sistemas de agua y Asicasur; sabemos que Semapa no podrá implementar el plan de expansión, sólo pedimos que concluyan con la construcción de los tanques de almacenamiento, que servirán para acumular agua con miras a lo que será en algunos años mas la llegada de agua de Misicuni”, dijo.

Todos los que manejan estos sistemas de agua han sido capacitados mediante talleres sobre el uso, cuidado y aprovechamiento del líquido.

Fuente: El Diario
Fecha: 31 de mayo 2009

sábado 11 de abril de 2009

Mexico: Falta a los Comités de Agua reinvertir en infraestructura

Mexico: Falta a los Comités de Agua reinvertir en infraestructura: Juan Ro

Berenice Fierro Ruiz

Operan por debajo del 40 por ciento de su capacidad los 27 Comités Autónomos de Agua que hay en municipio, y el 60 por ciento presentan colapsos en sus líneas conductoras, esto se debe, explicó el alcalde Juan Rodolfo Sánchez Gómez, al mal manejo de sus cuentas que conlleva a no reinvertir los recursos en infraestructura.

Después de que las instalaciones del Comité Autónomo de Agua Potable de San Pablo Autopan fueron tomadas y pese a la presión de cientos de simpatizantes de la planilla ganadora, para operar el comité, el edil aseveró que es necesaria la regulación de los comités independientes de este municipio, sin embargo explicó que no tienen ingerencia en su régimen interior, pero están dispuestos a apoyar en lo que sea necesario.

En este sentido, es la Comisión Nacional del Agua (Conagua) la que debe regular los 27 comités, por lo que señaló están a la espera de la notificación para que sean evaluados conforme a lo establecido en algunas reformas recientes.

Aunque, dijo, la administración municipal no tiene prisa o urgencia por que se haga, pues es algo que la Conagua tiene que solucionar, no obstante, es preocupante la infraestructura tan arcaica de estos pozos, pues algunas incluso tiene más de 50 años.

El verdadero problema radica en que la mayoría de ellos no maneja sus cuentas de manera transparente, es decir no están registrados ante Hacienda, no están constituidos formalmente, o bien, cuando lo están no celebran sus asambleas de manera adecuada, no existe rendición de cuentas, nadie los fiscaliza por lo que casi nunca hay reinversión de los recursos que perciben.

De igual forma, resaltó la idea errónea que tiene la población al pensar que porque el agua es del pueblo, no deben pagarla, esto también ha hecho que el servicio sea ineficiente y deben estar conscientes que en algunos años dejaran de tener agua sus pozos.

En este sentido, dijo que el organismo no podría brindar el servicio a la población afectada porque significaría dejar de invertir en donde si pagan el agua.

Cabe destacar que la población que se abastece de agua de los comités es superior a los 250 mil usuarios, mientras que el organismo de Agua y Saneamiento da servicio a 650 mil, lo que significa que más-menos el 35 por ciento de la población toluqueña se abastece de pozos independientes.

Respecto al tope salarial propuesto por el Consejo de Valoración Salarial de la Legislatura local, el edil refirió que él, a diferencia de otros alcaldes, paga los impuestos completos, “me retienen al 100 por ciento los impuestos que tengo que pagar” apuntó, y gana mucho menos que algunos directores generales en otros municipios, por lo tanto dijo que recibe más o menos 100 mil pesos.

De ser necesario está en la disposición de que su salario disminuya un 10 por ciento como lo ha propuesto su partido, y explicó que la legislatura ha hecho énfasis en que sea en el salario neto.

Cabe destacar que desde el principio de la administración no ha empleado un sólo peso de su sueldo como alcalde, por lo que el depósito se sigue haciendo y es probable que una parte de su salario sea donada a alguna causa.

Fuente: El Diario
fecha:
27/03/2009 0:38:07

lunes 16 de febrero de 2009

NICARAGUA:CAPS (Comites de Agua Potable y Saneamiento) alertan crisis de agua y demandan respuestas al gobierno

NICARAGUA: CAPS (Comites de Agua Potable y Saneamiento) alertan crisis de agua y demandan respuestas al gobierno

Oliver Gómez

Hay crisis en muchos miniacueductos rurales por los altos precios de la energía eléctrica y el combustible que utilizan las bombas que permiten llevar el agua potable a las comunidades alejadas, alertaron los miembros y directivos de los Comités de Agua Potable y Saneamiento (CAPS), que ayer demandaron que el Estado destine el presupuesto aprobado para el funcionamiento de las instituciones y de los planes contemplados en la Ley General de Aguas, con el fin evitar graves consecuencias.

En un pronunciamiento que hoy publican los miembros de la Comisión Coordinadora de la Red Nacional de los CAPS, destacan que a mediados de enero pasado contemplaron que se avecina una crisis de agua potable en muchas comunidades alejadas, debido a este problema es que alertan al gobierno y sus instituciones.

Para evitar graves consecuencias y cumplir con la mencionada ley, demandan que el nuevo Presupuesto General de la República establezca partidas para el funcionamiento de las entidades vinculadas al recurso, y que la Asamblea Nacional examine la posibilidad de disponer de otra partida para que este año los acueductos funcionen sin problemas.

Demandan al presidente Daniel Ortega y a los diputados de la Asamblea Nacional, que consideren la propuesta de juramentar como director de la Autoridad Nacional del Agua, ANA, al doctor Salvador Montenegro Guillén, la cual fue presentada por la Red en septiembre pasado.

De las autoridades municipales recién electas, también demandan que en sus planes precisen que los Sistemas Comunitarios de Agua, que operan los CAPS, son una prioridad, y que deben dedicarles partidas presupuestarias para el abastecimiento, como establece dicha ley.

Fuente: El Nuevo Diario

Ver pronunciamiento completo de las CAPS

miércoles 11 de febrero de 2009

Bolivia-Cochabamba:JICA financia $us 12.4 millones para proyecto de agua en el Sur de la ciudad

Bolivia-Cochabamba: JICA financia $us 12.4 millones para proyecto de agua en el Sur

El proyecto dotará de agua el 2010 a la totalidad de la población del distrito 7 y parte de los distritos 6, 8 y 14, de la zona Sur, donde habitan alrededor de 50 mil personas.

La Agencia de Cooperación del Gobierno del Japón (JICA) consolidó el financiamiento no reembolsable de 12.4 millones de dólares para el proyecto de mejoramiento del sistema de agua potable en la zona Sudeste de Cochabamba.

Se firmó el convenio de cooperación entre JICA y la Alcaldía, a través de la empresa de Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Semapa) y la consultora japonesa TEC, que iniciará el trabajo de estudio a diseño final de la obra y lo tendrá concluido en mayo.

El alcalde, Gonzalo Terceros, destacó la ayuda japonesa en tres proyectos con financiamiento no reembolsable, de los cuales dos son para Cochabamba y el tercero para Potosí.

La autoridad municipal dijo que el objetivo de la ejecución del proyecto es la dotación de servicio de agua potable a la población de la zona Sudeste de la ciudad. Reiteró que el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no era el más importante para la zona Sur, aunque necesaria, y que tenían otros proyectos en mejores condiciones.

Por su parte, el gerente de Semapa, Leonardo Anaya, explicó que el inicio de obras del proyecto está previsto para septiembre de 2009 y la entrega del mismo, según cronograma, estaría concluido en octubre de 2010.


Fuente: Diario Opinion
Fecha: 07.02.09


lunes 6 de octubre de 2008

Operadores locales a pequeña escala en LA: importantes pero olvidados

En Latinoamérica no son muy frecuentes los estudios que permiten visualizar un panorama general sobre los servicio de agua y saneamiento para comunidades pequeñas. Por eso queremos aprovechar un espacio del boletín para examinar una investigación desarrollada bajo el auspicio del Programa de Agua y Saneamiento del Banco Mundial, en el 2007, que arrojó resultados reveladores sobre el estado de los Operadores Locales a Pequeña Escala (OLPEs), en Colombia, Chile, Ecuador y Bolivia. Este trabajo hace parte de un estudio más amplio que incluye Perú y otros cuatro países de Centro América: El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.

El documento se basó en la revisión de literatura y la consulta de expertos e instituciones. Igualmente incluyó dos estudios de casos por cada país.

Realidad del sector

Un promedio del 20% de la población de los cuatro países, recibe servicios de agua y saneamiento de OLPEs, es decir más de 16 millones de personas.

La gran mayoría de estas empresas opera en situaciones difíciles y deben enfrentar importantes obstáculos para prestar sus servicios. No cuentan con acceso a información ni capacitación, ni reciben apoyo técnico o financiero, a pesar de que los sistemas requieren permanentemente nuevas inversiones para su mejoramiento.

El papel de los OLPEs es clave para proveer de agua a la población y en particular a los más pobres, ubicados generalmente en pequeños municipios y comunidades rurales. Sin embargo, este papel no es reconocido formalmente y un número importante, sobretodo de los operadores más pequeños, no están registrados ante las entidades de control del sector.

Existen tres tipos de OLPEs: una cantidad limitada de empresas privadas con ánimo de lucro, un número mayor de empresas municipales independientes de carácter público y un importante número de empresas comunitarias. El desempeño de los diferentes OLPEs muestra grandes diferencias en términos de coberturas, eficiencia de los sistemas y costos, pero al parecer estas diferencias no dependen del tipo de OLPE, sino sobre todo de las condiciones del contexto y el tipo de apoyo recibido.

Todos los países están avanzando en mayor o menor grado en el desarrollo del sector, en términos de los marcos legales e instrumentos regulatorios y financieros. Chile y Colombia han tenido grandes avances en la creación y organización de un marco legal avanzado, en Bolivia el nuevo gobierno está en proceso de ajustar la legislación vigente, pero Ecuador no ha tenido grandes progresos. A pesar de los avances, las leyes, políticas y estrategias existentes no toman en cuenta de manera suficiente las condiciones específicas de los pequeños operadores, se orientan más a operadores grandes y medianos.

En ese sentido hay dos temas importantes que la legislación no está teniendo en cuenta. Uno es la consolidación empresarial de las OLPEs, de lo cual no reciben capacitaciones y es un aspecto fundamental para el sostenimiento de la empresa. Otro es la situación de la población más vulnerable en cuanto a acceso y tarifas.

En el primer caso, aunque los directivos y los operadores de dichas empresas hacen esfuerzos importantes y logran prestar los servicios de agua y saneamiento, la gran mayoría no lo hacen bajo un esquema empresarial orientado a mejorar la eficiencia y la calidad. Además, un número importante de operadores pequeños no están registrados ante las entidades de control del sector, es decir prestan el servicio al margen de la “legalidad”, ya sea porque no pueden cumplir con todos los requisitos o porque no hay incentivos, ni controles suficientes para registrarse.

En el segundo caso, los grupos poblacionales que están por debajo de la línea de miseria y parte de los que se encuentran por debajo de la línea de pobreza pagan tarifas que representan más del 3% de sus ingresos, lo cual afecta su capacidad de pago; sólo en Colombia y Chile los pobres pueden solicitar algún tipo de subsidio directo. Esto implica que las familias más pobres pagan más de lo que los parámetros internacionales aconsejan.

¿Qué se puede hacer?

Los datos arrojados por el estudio permiten hacer recomendaciones claves para mejorar la situación de los OLPEs.

Implementar esquemas de apoyo como subsidios para que los grupos vulnerables tengan acceso al agua como en Chile y Colombia; flexibilizar las políticas tarifarias para que se adecuen más a las condiciones de las pequeñas localidades; condicionar más el apoyo del gobierno y reorientarlo hacia las organizaciones que implementen estrategias enfocadas en la gente pobre, para que puedan pagar menores costos de conexión y tarifas más favorables; contemplar subsidios directos y/o por medio de contratos específicos con las empresas, para mejorar la cobertura de los grupos vulnerables y brindar apoyo a los más pobres en el pago de la tarifa.

Es esencial institucionalizar el apoyo del estado, a través de organizaciones del sector público y/o privado que brinden capacitación y asesoría efectiva para facilitar la gestión, operación, mantenimiento y mejoramiento de los sistemas. Por ejemplo, un esquema a nivel departamental, provincial o regional, a través de asociaciones de OLPEs con apoyo de universidades y del sector privado. Esta institucionalización de apoyo a los OLPEs es una forma de aprovechar economías de escala y además permite fomentar y fortalecer redes de trabajo (asociaciones) para intercambiar experiencias y estimular procesos de aprendizaje.

Finalmente, teniendo en cuenta que el agua es un bien común, el concepto de veeduría ciudadana facilita la posibilidad de controlar las inversiones y los OLPEs. Para esto debe ser obligación que la información contable de las empresas y proyectos sea de carácter público.

Contact: Johnny Rojas, Coord. Grupo Desarrollo Institucional y Gestión Comunitaria, Instituto Cinara (jorobas@univalle.edu.co)
Mario Alejandro Pérez R. Profesor Univalle (aleperez@univalle.edu.co)

Fuente IRC: Agua y Saneamiento - Boletín bimestral No. 23, abril 2008